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México vs la industria armamentista más poderosa del mundo

Histórica y valiente es la demanda civil que presentó el Gobierno mexicano ante un Tribunal Federal en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, contra 11 empresas productoras y distribuidoras de armas de fuego como Smith & Wesson, Barret Firearms Manufacturing, Beretta y Colt’s.

El dicho: «mientras los países pobres dan muerte, los ricos ponen sus armas» parece sustentar el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que detalla que más del 70% de las armas incautadas en México son originarias de esa nación.

Si bien se estima que la demanda puede derivar en una indemnización de más de 200 mil millones de pesos, el objeto de la denuncia es que los productores se responsabilicen más por la venta y distribución de armas para evitar que lleguen a manos de los cárteles de la droga. drogas en México, lo que ha generado un terrible derramamiento de sangre en nuestro país.

¿Puede México demandar ante la Corte de los Estados Unidos?

México puede presentar demandas civiles en Estados Unidos. Muchos gobiernos extranjeros lo han hecho. La Corte Suprema de ese país, en un juicio de Pfizer contra el gobierno de India, estableció el principio de «Cortesía Internacional» para que los gobiernos presenten demandas civiles en sus tribunales y su participación se lleve a cabo con respeto a la soberanía de las naciones. Este poder es producto de un privilegio y no de un derecho.

Incluso hay antecedentes de países que han roto sus relaciones diplomáticas o que han tenido conflictos con Estados Unidos, que han tenido la potestad de presentar juicios respetados, como ocurrió en el juicio de la República de Cuba contra Mayan Lines, y en el del Banco Nacional de Cuba contra Sabbatino. También está el antecedente de México contra DeCoster.

La denuncia actual ocurre en un contexto polarizado y en medio de la discusión sobre un estatuto federal de 2005 que otorga inmunidad a la industria armamentista estadounidense para evitar ser demandado por víctimas de armas, sin embargo, el presidente Joe Biden expresó su voluntad de revocar el estatus.

En los últimos meses, varios congresos locales de Estados Unidos presentaron iniciativas que inhiben la aplicación de leyes federales, argumentando que violan la Segunda Enmienda. En Texas, Tennessee e Iowa, los mayores de 25 años pueden portar armas sin un permiso; en Missouri se propuso multar con 50 mil dólares a los policías locales que aplican leyes federales para su control, y aunque son legalmente cuestionables, su desempeño político es enorme.

En Nueva York se presentó una iniciativa que permitirá juicios civiles contra esa industria y los traficantes de armas.

El gobierno mexicano establece en las 139 páginas que la demanda no está relacionada con la segunda enmienda, lo que no impedirá la embestida de quienes tienen intereses en la industria, la politización del tema y las duras críticas a la actuación del Estado mexicano. para contener la violencia en nuestro país.

La Cancillería debe estar atenta y fortalecer las acciones diplomáticas con los gobiernos demócratas, potenciales aliados en el flujo y control de armas, así como con los republicanos, que gobiernan la mitad de los estados fronterizos. Por su parte, en el Senado de la República debemos multiplicar las reuniones interparlamentarias para ayudar a frenar el tráfico ilegal de armas.

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