El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) preguntó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo Federal del Poder Judicial (CFJ), Arturo Zaldívar, para investigar a un juez que suspendió la nueva ley de la industria eléctrica (mentira ).
Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Segundo Tribunal, especializado en competencia económica, otorgó un amparo contra la nueva ley y que extendió todas las empresas participantes en el sector, el 11 de marzo de 2021.
«Si mi petición es legalmente apropiada, solicito que el Consejo de Juicatiare realice una investigación para aclarar el desempeño del juez Gómez Fierro en este episodio», dijo Tabasco político durante su conferencia de la mañana.
El presidente mencionó que alrededor de los frenos legales, personas, organizaciones y empresas relacionadas con el «régimen antiguo», que dependiendo de sus intereses, tenía la «corrupción e influencia de Modus Operandi».
López Obrador dijo que la compañía española IBERDROLA incorporó su nómina de Energy Execretary, Georgina Kessel y el planificador panistánico Felipe Calderón Hinojosa.
También acusó a Claudio X. González Guajardo, hijo del empresario mexicano Claudio X. González Laporte, está en contra de la nueva ley porque su familia tiene acciones en las compañías de energía afectadas por los cambios legislativos, y su familia se benefició de la política de la privatización impulsada por el gobierno de El priist de Carlos Salinas de Gortari.
López Obrador agregó que José Ramón Cosío, extensión de la Corte Suprema hasta 2018, legalizó «injusticias de grupos minoritarios o mantuvo un cómplice silencioso contra las corruptas y las arbitrarias».
«Sería lamentable que, después de todo, el daño que la oligarquía haya causado que el país continúe permitiendo el abuso y la arrogancia bajo la excusa de la derecha», agregó el presidente.
Las compañías de Eoliatec de la Energía Pacífico y ZUMA obtuvieron una suspensión temporal de Gomez Fierro para detener los impactos de la nueva ley, durante la semana pasada.
La reforma a la ley privilegia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el despacho de prioridad de su electricidad, al tiempo que restringe la producción de energía por iniciativa privada.
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