José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Empresarial de la República Mexicana (Coparmex), pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que posponga la entrada en vigencia de los cambios a la ley de subcontratación, ya que de lo contrario quedarán en el limbo e indefensos ante 3 millones 100 mil trabajadores.
«Solicitamos que la prórroga propuesta sea tal que se homologue el plazo hasta el 1 de enero de 2022, para que tanto el sector público como el privado puedan cumplir cabalmente con las medidas contenidas en la reforma aprobada», dijo el empresario. .
El líder de la organización empresarial solicitó al Poder Legislativo y al Ejecutivo que se ajusten los artículos transitorios de la reforma.
“Esta podría ser la población ocupada que aún está vinculada a las empresas a las que prestan servicios y que no han podido concluir la sustitución patronal o el alta en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)”, dijo el representante de la patronal. ‘ Unión.
La justicia social debe tener como uno de sus pilares la posibilidad de acceder a trabajos formales, dignos y bien remunerados que hoy en el difícil contexto de la pandemia son tan necesarios, dijo.
«Ampliar y estandarizar los plazos otorgados en la reforma transitoria nos permitirá tener la flexibilidad suficiente para que el sector empresarial pueda seguir aportando nuestro granito de arena para salir adelante», comentó el presidente de Coparmex.
Alrededor del 34% de la población que estaba dentro del sistema de subcontratación ha migrado para formar parte de la nómina de la empresa, como lo anunció el propio Ministerio de Trabajo, hay 1,6 millones de trabajadores.
También para la STPS ha habido un aumento significativo en las percepciones del salario medio de cotización que, según los datos del IMSS de enero de 2021 a junio de 2021, solo ha aumentado un 0,7%.
Con el objetivo de otorgar un trato justo a las empresas, dándoles tiempo suficiente para realizar los ajustes derivados de la reforma en materia de subcontratación laboral, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán presentó una iniciativa para ampliar el plazo establecido para el ingreso a Vigencia del decreto, del 1 de agosto de 2021 al 1 de enero de 2022.
El legislador panista destacó que, a lo largo de la discusión para aprobar este proyecto, distintas voces se pronunciaron a favor de una regulación en la materia, ya que nuestro marco normativo tenía lagunas legales que dieron paso a abusos por parte de las autoridades y diversos actores, en detrimento de los trabajadores. , seguridad social e ingresos estatales.
El senador panista recordó que estos abusos fueron la excepción, ya que la mayoría de las empresas cumplieron cabalmente con los requisitos establecidos en la Ley y que, además, necesitaban esta figura para ser competitiva, generar empleos y contribuir al desarrollo de México. especialmente por los estragos causados por la pandemia.
El Grupo Parlamentario Morena tiene el coraje y la buena fe de celebrar un período extraordinario la semana que viene, con el fin de atender la propuesta de prorrogar, 30 días más, el plazo para la entrada en vigor de diversas disposiciones de la reforma sobre subcontratación, senador Ricardo Monreal. Informó Ávila.
El líder de los senadores de Morena dijo que, si la mayoría de la Comisión Permanente decide, en ese mismo período de sesiones extraordinarias también se podrían discutir los nombramientos que el Senado tiene pendientes.
El presidente de Coparmex agregó que están «conscientes de que el objetivo primordial de esta reforma es eliminar las malas prácticas ante las cuales muchas empresas utilizaron la figura de la subcontratación para eludir sus responsabilidades laborales, fiscales y sociales».
De la misma manera, dijo, entienden que la intención es buscar el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores que, ante tal abuso, han sufrido un perjuicio a sus condiciones generales de trabajo.
“Las empresas han viajado con la intención de adaptarse a la reforma; Sin embargo, el proceso de regularización ha sido complejo debido a los cortos plazos que la autoridad otorgó al sector privado para este fin, donde existe un trato claramente discriminatorio frente a las entidades gubernamentales a las que se les otorgó un plazo de 1 año como concesión. Enero de 2022 «, afirmó.
Ante esta circunstancia, el Poder Judicial de la Federación ha otorgado suspensiones provisionales a las empresas que hayan interpuesto un reclamo de amparo por tales hechos, por lo que la autoridad judicial ha considerado dicha disposición transitoria como una violación a los artículos 1 y 4 de la Constitución. .