La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) aseguró que el contenido de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario viola tres artículos constitucionales y varios tratados internacionales de los que México es parte.
En un comunicado mencionó que modificar el plazo de renovación de las concesiones ferroviarias de 50 a 30 años viola derechos adquiridos y contraviene el artículo 14 de la Constitución «con efectos expropiatorios».
“Esto daña la seguridad jurídica, afecta severamente las inversiones que se realizan en el sector e inhibe las nuevas, con un fuerte impacto negativo en la modernización de la industria y con ella, en la economía mexicana”, dijo.
En cuanto a las multas que pretende imponer la ley, el organismo las calificó de “discrecionales y desproporcionadas”, ya que se establece que cuando se preste el servicio de transporte público ferroviario sin la respectiva concesión, la multa será equivalente al 5% y hasta 10% de los ingresos del concesionario, cesionario o permisionario.
“Se busca imponer multas excesivas, discrecionales y desproporcionadas con respecto a la conducta sancionada y el derecho legal afectado, lo que viola el artículo 22 Constitucional y con ello la seguridad jurídica de los gobernados”, dijo la AMF.
También enfatizó que con la ley avalada, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) se convierte en juez y parte, lo que invade el ámbito de competencias de otras autoridades en materia de competencia económica.
Además, aseguró que esta disposición discrimina al sector ferroviario con respecto a otros modos de transporte al imponer «regulaciones y cargas administrativas por parte de la ARTF, lo que hace que la brecha regulatoria del ferrocarril frente al autotransporte» sea mayor e injustificada.
Ante esta aprobación en el Senado, la Asociación lamentó que los legisladores no le hayan dado a la industria ferroviaria la oportunidad de presentar información y argumentos sobre estas modificaciones.
«Reiteramos nuestra plena voluntad de hacerlo, en beneficio del desarrollo económico y el bienestar del país», concluyó.
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