Hace unos años, la DEA sugirió que la estrategia más adecuada para enfrentar a los grandes cárteles de la droga era pulverizarlos para que se dividieran en células.
Este es en parte el caso y por eso actualmente existen múltiples organizaciones, aunque en realidad dos son los grupos más poderosos: el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación.
El problema es que, para los ciudadanos, lo realmente urgente es tener seguridad. En el fondo, no importa si quien amenaza y extorsiona pertenece a una organización robusta o representa a un puñado de bandidos.
De hecho, parte de la violencia que sufre el país proviene de la rivalidad criminal y la lucha por establecer controles territoriales.
Tarde o temprano algún grupo establecerá su hegemonía, pero eso tampoco traerá nada bueno para la sociedad, ya que significará que lograron sus objetivos y que profundizarán su negocio, incluyendo extorsiones y secuestros.
Por eso es importante que las autoridades de todos los niveles se hagan cargo de la emergencia y eviten que suceda. Lo que hay que conseguir es que sea el Estado el que tenga el monopolio de la fuerza y que garantice la gobernabilidad. Debemos cuidar que haya lugares y regiones donde este no sea el caso.
En las últimas semanas hemos observado un resurgimiento de enfrentamientos que probablemente implica que estamos en el preludio o ya de lleno en una guerra que podría prolongarse, especialmente en Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas.
La pandemia significó el cambio de rutinas y patrones en el crimen organizado, tuvieron que adaptarse a una nueva realidad y aparentemente lo están haciendo con cierta eficiencia.
Lo que está sucediendo demuestra que han sabido aprovechar los dos últimos años para abrirse y establecer claramente metas específicas para los negocios delictivos.
Por momentos parece que estamos asistiendo a una especie de reedición de situaciones pasadas. Este es el caso de los productores de aguacate de Michoacán, quienes hace poco más de una década tuvieron que enfrentar una escalada criminal que los llevó a confiar en Los Caballeros Templarios para poder frenar el avance de Los Zetas en la región.
Ya sabemos cómo terminó eso y el enorme costo social que tuvo el desarrollo de la Familia Michoacana y la pax narca que estableció.
Una de las características del preludio de las grandes espirales criminales es que hay una notoria ausencia de autoridad. Los ciudadanos acaban incorporándose a las autodefensas o eligiendo entre bandos, porque no tienen a quién acudir, ya que la policía local es muy débil y muchas veces está infiltrada por narcotraficantes.
En el fondo, se debe asumir que no hay salida a la obligación de enfrentar al crimen organizado y, sobre todo, al que hace del control de la sociedad su fin mismo, extraer rentas y consolidar la protección.
Sí, es como una novela de terror, pero hay una forma de conjurarla, pero esto también tendrá un costo.