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La revolución climática de Biden

Biden es el último presidente de Estados Unidos que tiene la posibilidad de revertir el cambio climático. Su ambición de combatir este fenómeno se debe en gran parte a la presión de los jóvenes activistas del Movimiento Sunrise. La protesta social que creció durante las campañas electorales demanda la implementación de un plan que acelere la transición energética bajo principios de justicia social. Así nació el llamado New Green Deal, que considera dos aspectos fundamentales: reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero en tres décadas y conseguir que el empleo en industrias contaminantes se transforme en empleos verdes.

Después de un complicado cabildeo con el equipo de Biden, los líderes del Movimiento Sunrise, un grupo de activistas que luchan por detener la crisis climática, lograron establecer una alianza que ayudó a 3,5 millones de jóvenes a votar por los demócratas en estados clave. Ahora, Biden asume que el cambio climático es la principal amenaza para la humanidad y para ello ha prometido un ambicioso y acelerado plan de transición energética. ¿Cuán factible será cumplir con la revolución climática impulsada por los jóvenes?

Biden hereda una serie de desastres tras el abandono de la política climática durante la presidencia de Trump. Me atrevo a decir que perdimos mucho más de cuatro años en materia energética, porque el calentamiento global se está acelerando exponencialmente. Por tanto, las nuevas medidas deben ser más disruptivas para poder compensar este tiempo perdido. Solo al inicio de su administración se estableció el objetivo de descarbonizar completamente el sector eléctrico para el 2035. Este proceso irá acompañado de la creación de millones de empleos decentes y verdes, garantizando una transición justa.

¿Qué es lo primero que debe demostrar Biden para ser creíble? Sin duda, el primer paso será declarar una emergencia climática nacional, apoyado en la Ley de Emergencias Nacionales (NEA) y la Ley de Producción de Defensa (DPA), lo que lo facultará para tomar acciones ejecutivas de manera unilateral. Esto es clave dado que será casi imposible aprobar una legislación en un Senado dividido. Esta medida es más significativa que la firma del Acuerdo de París, ya que permite a Biden eludir los obstáculos del Congreso bajo la justificación del interés nacional ante los riesgos climáticos. Claramente se avecina un punto de inflexión en el que se dejará atrás la declaración de emergencia para construir el muro racista y finalmente se utilizará para enfrentar la mayor amenaza para la humanidad: el cambio climático.

Millones de votantes en Estados Unidos eligieron a Biden y sus promesas de política climática. Sabemos que la transición energética requerirá sacrificios que desmoralizarán a millones de personas que dependen de una economía basada en combustibles fósiles. El cambio gradual tuvo que haber comenzado hace dos décadas. Ahora bien, el cambio repentino no es opcional, sino urgente e inevitable.

La dependencia económica de México de Estados Unidos es el talón de Aquiles de la política mexicana, como sostiene Lorenzo Meyer. Una vez más, es de esperar que el giro económico en Estados Unidos arrastre a México en la misma dirección. Hay dos alternativas generales a este proceso. La primera es que el actual gobierno mantiene su proyecto sin ajustes y que en menos de tres años debe haber un cambio brusco en la economía mexicana.

Esto podría significar que los activos que generan o utilizan combustibles fósiles pierden su valor de mercado y se vuelven obsoletos. Las consecuencias son incalculables en términos de empleo, cadenas de valor, pobreza y estabilidad social. La alternativa: colaborar con el gobierno de Estados Unidos para promover una transición energética desde un punto de vista regional. Debido a que el sistema económico y financiero global ya está en camino hacia la neutralidad de carbono, esta estrategia puede traer más beneficios de los que el gobierno inicialmente espera con el proyecto actual. ¿Qué elegirás, México?

Rodrigo Osorio Díaz se desempeña actualmente como Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado de Puebla y es Director General de la Agencia de Energía.

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